Fuente:http://www.larepublica.es/spip.php?article5252
Los hijos de los inmigrantes son las víctimas principales del tráfico infantil en China
La prevención es el único método para combatir el tráfico de menores en China, que afecta principalmente a los niños de las zonas rurales más pobres e hijos de trabajadores inmigrantes, afirmó hoy ’Save the Children’. La Organización No Gubernamental (ONG), que trabaja en China desde la guerra con Japón, instó hoy a las autoridades a cambiar de actitud y dejar de luchar contra el tráfico humano solamente como crimen (registrando el número de ’casos’ por resolver, 2.500 hasta 2006), en vez de despertar la conciencia social.
La participación de las comunidades locales en los proyectos que desarrolla en China es fundamental, dijo la ONG, para que en las zonas más pobres no se considere normal, por ejemplo, dejar los menores al cuidado de personas frágiles como los abuelos, mientras los progenitores se van a miles de kilómetros a trabajar.
También son vulnerables los niños que emigran con sus padres pues llegan a un ambiente desconocido con servicios sociales muy limitados y padres siempre trabajando.
’El riesgo de tráfico de niños se incrementó con la migración interior y todo indica que el fenómeno puede aumentar en las próximas décadas’, afirmó hoy Kate Wedgwood, directora para China y Corea del Norte de la organización británica.
Unos 200 millones de personas se trasladaron en los últimos años desde el campo a las urbes chinas al amparo del crecimiento económico y en busca de trabajo, principalmente en la construcción y los expertos estiman que en los próximos veinte años, los inmigrantes seguirán siendo centenares de millones.
Los menores que quedan en los pueblos al cuidado de parientes o abuelos sufren riesgo de ’desaparecer’ a manos de bandas criminales de tráfico infantil, que los dedican a la mendicidad o a pequeños robos en ciudades y si son niñas al tráfico sexual en países vecinos del Sureste Asiático.
Además, la prensa china divulgó algunos casos de niños robados que acaban en orfanatos (subvencionados por número de acogidos) y que eventualmente podrían acabar en adopción.
’Save the Children’, que promociona los derechos de la infancia en el marco de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, no descarta la vinculación del tráfico con la demanda, también de parejas chinas sin hijos o con uno solamente, que desean ayuda en el campo y cuidados cuando sean mayores.
Los niños más pobres y de minorías étnicas son los de mayor riesgo, también porque no se pueden comunicar en mandarín sino en dialectos y no conocen sus derechos ’y es muy importante que los niños sepan cómo protegerse y saber lo que deben y no deben hacer’, afirmó Wedgwood.
La organización desearía que China hiciera una nueva definición de lo que considera tráfico humano e incluyera en el de menores a quienes todavía no tienen 18 años y son cedidos para trabajar a cambio de acabar con deudas familiares.
Pekín considera exclusivamente víctimas de tráfico infantil a menores hasta los 14 años que fueron secuestrados o vendidos.
Según ’Save the Children’ el informe de 2005 del Gobierno chino al Comité de Derechos del Niño en Ginebra, que vela por la Convención de 1991, solamente habla de número de rescatados.
Catorce progenitores habían instado al Gobierno en Pekín en diciembre de 2004 a combatir el tráfico de niños, principalmente en provincias del sur como Cantón, con ventas de menores a precios que oscilaban entre los 1.000 y los 2.000 euros.
Pero, si los niños del campo y minorías corren riesgos de ser vendidos o forzados a convertirse en mendigos, ladronzuelos o trabajadores sexuales, existe también un mercado de niñas y mujeres para sexo o esposas forzadas.
En diciembre de 2007 se celebrará en Pekín la segunda conferencia ministerial de la Iniciativa del Mekong (Camboya, Laos, Myanmar, Vietnam, Tailandia y Vietnam) que debe establecer un Plan de Acción contra el tráfico humano interfronterizo.
’Save the Children’ apoya las repatriaciones de los secuestrados, dijo su directora en China, pero no interviene en los rescates, unos 25.000 de 28.000 registrados de 2001 a 2005, según el Departamento de Seguridad Pública.
La organización destacó la importancia de su trabajo en colaboración con la Liga de la Juventud China para registrar a los menores abandonados o cuyos padres emigran, educarles y seguir su futuro, pero también que se extienda la conciencia sobre la denuncia de desapariciones.
INDIA La supresión de trabas para adoptar niños es la última apuesta del Gobierno indio en su ofensiva legal para poner coto a la sangrante situación de la infancia en la India, acuciada por el tráfico de menores y por los dos millones y medio de feticidios que se registran al año.
La ministra india de la Mujer y el Desarrollo Infantil, Renuka Chowdhury, ha explicado que el Parlamento ha aprobado una enmienda de la ley de Justicia Juvenil para eliminar restricciones para nativos y extranjeros en los procesos de adopción y "animar a la gente a adoptar, incluso si son hombres o mujeres solteros".
Chowdhuty ha anunciado también, en la inauguración de unas jornadas sobre adopciones en la India, que el Ejecutivo nacional pedirá a los Gobiernos regionales que creen una base de datos para registrar los embarazos y así facilitar las adopciones.
2,5 millones de feticidios y asesinatos Estas iniciativas para paliar la dramática situación de la infancia en la India se enmarcan en la cruzada del Gobierno para atajar los feticidios y el tráfico de menores, un negocio en el que se ven atrapados unos 60 millones de niños. El Ejecutivo indio está elaborando también una ley que prevé la distribución, en todos los distritos del país, de cunas para que los padres puedan abandonar en ellas a sus recién nacidas cuando no quieran criarlos, con el fin de aliviar los dos millones y medio de feticidios y asesinatos de niñas que se registran en la India cada año. Chowdhury ha ido un paso más allá y ha encontrado en las adopciones una nueva receta contra los feticidios, frecuentes en un país donde para muchos padres el infanticidio o dejar morir a sus hijas es preferible a pagar una dote a la familia del novio en el momento de pactar el matrimonio, una antigua costumbre india aún viva. "No queremos que los padres maten a sus hijas, es mejor que las dejen en cunas. La Agencia Central de Recursos para la Adopción cuidará de ellas y las intentará dar en adopción", explicó la ministra en rueda de prensa.
Chowdhury cargó contra el sistema de adopciones indio, que tachó de "falto de transparencia", y criticó el fenómeno de la adopción ilegal, una práctica frecuente en algunos centros hospitalarios donde ofrecen niños abandonados a padres sin hijos. "Yo tengo una hija y quise adoptar otra, y cuando lo intenté fue una pesadilla. Sé el trauma emocional que supone el proceso. Los hospitales ofrecen niños y a veces es fácil ceder", relató la ministra.
Las enmiendas introducidas en la ley de Justicia Juvenil eliminan trabas como el impedimento de adoptar dos bebés del mismo sexo, y facilitan los trámites burocráticos a los hombres y mujeres solteros que quieran adoptar.
La ministra aseguró que el Gobierno pretende incentivar las adopciones por parte de familias indias y extranjeras, aunque precisó que la prioridad del Ejecutivo es facilitar el proceso burocrático a padres indios residentes en el extranjero.
"Los niños no son objetos, no son un par de zapatos. Hay que evitar el tráfico infantil, tenemos que despertar", insistió Chowdhury, quien expresó su temor de que los niños adoptados entren en el negocio del tráfico de menores.
El trabajo infantil es otro de los caballos de batalla del Gobierno indio, que aprobó una ley a finales de 2006 para prohibir trabajar a menores de 14 años, aunque en la práctica muchos siguen haciéndolo.
Los delincuentes que controlan el negocio del tráfico infantil pagan entre 9 y 40 euros a las familias por "comprar" a sus hijos, con la promesa de darles un techo y comida, pero acaban siendo usados como mano de obra y a menudo son también víctimas de redes de prostitución. Chowdhury ha tachado de "vergüenza" la situación de la infancia en la India y ha animado a las familias a adoptar evocando las palabras de una niña adoptada que tuvo la oportunidad de conocer: "No nací de la barriga de mi madre, sino de su corazón".
MÉXICO Y ESPAÑA México y España buscarán impulsar nuevas leyes en materia de derechos humanos que permitan combatir el turismo sexual infantil, el tráfico de personas e incrementar el apoyo conjunto contra la violencia de género, informaron fuentes oficiales.
En el marco de la XII Reunión Interparlamentaria México-España, que se celebra en la capital mexicana y que concluye el jueves en Cancún, se acordó tipificar adecuadamente estos delitos.
La diputada española Rosa María Bonás, de la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), explicó a Efe que ambos Parlamentos acordaron impulsar leyes adecuadas para combatir el turismo sexual y la explotación sexual de menores, temas en los que "existe una creciente demanda y oferta y por ello es necesario buscar leyes acordes y trabajar de manera conjunta para frenarlas" De igual forma sostuvo que otro de los problemas que existen en común es la desigualdad de género y la violencia intrafamiliar que sigue creciendo en las mujeres.
"En los problemas de desigualdad social, que impactan mayormente a las mujeres, sumados a la violencia doméstica, se debe seguir trabajando para que los convenios firmados sean equiparables y por ello es fundamental reactivar una red México-España sobre la violencia contra las mujeres", indicó.
Dijo que en España, aunque hay desde hace dos años una ley para proteger a las mujeres, ésta no ha dado resultado y consideró que para ello se requieren más recursos económicos para proteger a las mujeres en peligro y que puedan huir de sus agresores, ya que "sin inversión, sin recursos, las leyes no pueden aplicarse" Los legisladores españoles y mexicanos también discutieron el tema del medio ambiente y el cambio climático como uno de los retos para enfrentar en los próximos años.
"Debemos cumplir con los acuerdos de Kioto como la incursión de energías limpias, cambios legislativos importantes como cambio del aire, mejora de transporte, ley de responsabilidad ambiental, y ley de aguas", añadió Bonás La reunión Interparlamentaria está encabezada por parte de México por el presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja, Jorge Zermeño, y por parte española por el senador Isidre Moles, del grupo Entesa Catalana de Progrés, a la cabeza de los congresistas invitados, pertenecientes a seis de las ocho fuerzas con representación parlamentaria en las Cortes Generales.
Los legisladores analizarán temas como inversiones, comercio, terrorismo y educación.
MALASIA El parlamento de Malasia estudia un proyecto de ley según el cual los traficantes de personas serían castigados y las víctimas obtendrían asistencia. Activistas que lucharon por esa ley durante más de 10 años pretenden, además, una implementación eficaz.
En el marco de la iniciativa, presentada en el parlamento la semana pasada, las víctimas del tráfico no serán juzgadas por ingreso ilegal o acusadas de entrar al país con documentos fraudulentos provistos por sus traficantes.
En cambio, serán ubicados en centros de reinserción por un plazo de entre tres meses y dos años para recuperarse y ayudar a las autoridades a recabar evidencias para llevar a juicio a sus victimarios.
Malasia recibe frecuentes condenas de organizaciones nacionales e internacionales porque las víctimas suelen ser entregadas a las autoridades migratorias, que las encarcelan en centros de detención por largos periodos antes de deportarlas a sus países de origen.
Por otra parte, las víctimas son acusadas a menudo de ingresar ilegalmente al país, así como de trabajar de modo ilegal.
Además, no había una ley que castigue el tráfico de personas ni juicios contra quienes lo perpetran.
Bajo el nuevo proyecto, los traficantes y sus cómplices afrontarán extensas sentencias de prisión, de hasta 20 años, multas elevadas e incluso azotes.
"La nueva ley es un importante desafío, para mejor. Es dura con los atacantes y muy completa. Pero tememos que pueda quedar en el estante si no se implementa de manera efectiva", dijo a IPS Irene Fernández, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Tenaganita.
Esta institución defensora de los derechos humanos se especializa en la lucha contra el tráfico de mujeres y trabajadores migrantes.
"Reclamamos esa ley durante una década y ahora la tendremos. Estamos eufóricos", agregó Fernández. "Es todo un éxito. Muchos individuos y organizaciones no gubernamentales trabajamos duramente por esta ley."
La activista señaló que la ley constituirá una protección para las mujeres traficadas, casi 65 por ciento de las cuales son sometidas a trabajos esclavizantes. El resto terminan explotadas por redes de proxenetas.
"Entre las víctimas hay niñas de apenas 14 años. Esperamos que la nueva ley ponga fin a esta tragedia", expresó.
A los funcionarios les preocupaba que Malasia se estuviera convirtiendo en un importante centro de tránsito de tráfico de personas de Asia a Europa. "Con esta ley queremos eliminar el tráfico", dijo Nazri Aziz, ministro de Asuntos Legales y Parlamentarios.
"Es una señal para los grupos que se dedican al tráfico. A ellos les decimos: vamos en serio", declaró Aziz a IPS.
Se prevé que el proyecto contra el tráfico de personas se convierta en ley en un lapso de tres meses. Los traficantes que amenacen a sus víctimas serán castigados con 20 años de prisión.
"Además de las severas sanciones, la ley también define a la víctima del tráfico de acuerdo con los convenios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), elaborando una definición que es suficientemente amplia como para proteger a la mayoría de las víctimas", dijo Fernández.
El proyecto establece la creación de un consejo de implementación integrado por organizaciones no gubernamentales, un plan de acción nacional para combatir el tráfico humano y refugios para extranjeros víctimas de tráfico, a fin de que permanezcan allí entre dos y tres años. Además, conceder inmunidad judicial a las víctimas del tráfico.
La Comisión de Derechos Humanos del país (Suhakam, por su acrónimo malayo), que también presionó por la aprobación de la ley, se mostró entusiasmada.
"Finalmente, el gobierno reconoció los problemas y actúa del modo correcto. Esperamos que el proyecto sea implementado de modo efectivo", dijo Raj Abdul Karim, de Suhakam.
También urgió al gobierno a ratificar el Protocolo para Prevenir, Eliminar y Castigar el Tráfico de Personas, que complementa la Convención de la ONU contra el Crimen Organizado Transnacional, y que cubre las consecuencias del tráfico en la salud, entre otras.
Al anunciar el proyecto, el gobierno dijo que facilitaría la tarea de autoridades policiales y de inmigración, a la hora de perseguir, llevar a juicio y condenar a quienes trafican seres humanos.
La ministra para el Desarrollo de la Mujer, la Familia y la Comunidad, Shahrizat Abdul Jalil, quien también presionó por la presentación del proyecto, dijo que aunque el tráfico humano no había alcanzado "una proporción alarmante", el gobierno estaba "comprometido con adoptar medidas exhaustivas para combatir" ese delito.
Jalil dijo que muchas víctimas son llevadas a Malasia para ejercer la prostitución, ser sometidas a trabajos forzados y otros fines ilícitos.
"Planeamos establecer refugios para mujeres y niños que fueron víctimas de traficantes de personas y alertar al público sobre el tema mediante campañas de concientización", señaló.
Las estadísticas policiales de 2004 revelan que unas 400 mujeres extranjeras, la mayoría procedentes de China, Filipinas y Vietnam, fueron rescatadas de esta práctica entre 2004 y el año pasado.
Pero Fernández dijo que estas cifras son apenas la punta del iceberg.
"El tráfico de mujeres a Malasia con fines de explotación sexual es un problema enorme para cuya resolución se necesitan medidas urgentes", opinó. El proyecto de ley debe ser aplicado de modo eficaz porque, de lo contrario, las intenciones de los legisladores de proteger a mujeres y niños fracasarán.
"Miles de mujeres son traficadas hacia Malasia. Es un enorme problema", afirmó Fernández. "La industria es tan lucrativa que tiene tentáculos en todas partes. Las autoridades deben erradicarla."
Expertos en trabajo y sindicalistas quieren que las disposiciones de la nueva ley se extiendan para cubrir y proteger a los tres millones de trabajadores inmigrantes, la mitad de ellos indocumentados en una situación muy vulnerable.
Es común que los trabajadores extranjeros sean transportados a Malasia bajo falsas promesas de trabajos fáciles y salarios altos.
"A algunos trabajadores en India y Pakistán incluso se les mostró vídeos de trabajadores recogiendo manzanas en Malasia. Y en Malasia no cultivamos manzanas", destacó G. Rajasegaran, secretario general del Consejo de Sindicatos Malasios, que representa a 11 millones de trabajadores.
"Malasia alberga a varios millones de trabajadores extranjeros y sus condiciones laborales y de vida son deplorables. La explotación extrema es común en la vida cotidiana", aseguró.
"Los trabajadores son traídos aquí y sometidos a trabajos forzados, y se les paga una miseria, si es que se les paga algo. También los consideramos víctimas del tráfico. El gobierno debe mirar el panorama más amplio que constituye el tráfico", dijo Rajasegaran a IPS.
